El caso lo presentó Gambia el 11 de noviembre de 2019 y 11 Estados intervinieron en el proceso. Las audiencias sobre el fondo se celebraron del 12 al 29 de enero de 2026. La lectura del fallo duró unas tres horas, según Noticias ONU.

El presidente de la Corte, el juez japonés Yuji Iwasawa, explicó que la decisión se adoptó por nueve votos contra seis. Según la BBC, el tribunal consideró que la intención genocida es «la única inferencia razonable» que puede extraerse de las pruebas y que Myanmar incurrió en una «amplia destrucción de pruebas». La Corte estimó que unos 10.000 rohinyás murieron de forma violenta durante aquellas operaciones y que unas 815.000 personas fueron objeto de ellas de algún modo; más de 700.000 huyeron a Bangladés.

Según el comunicado de la CIJ, Myanmar también incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, de castigarlo y de aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención de 1948. En cambio, la Corte no halló que Myanmar incitara directa y públicamente a particulares a cometer genocidio. También concluyó que el país violó la orden de medidas provisionales de enero de 2020 al no preservar las pruebas.

El tribunal ordenó a Myanmar investigar a todas las personas razonablemente sospechosas y, si procede, juzgarlas; dar garantías de no repetición; permitir el regreso seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados y la reunificación de familias; e indemnizar al grupo y a sus miembros. Myanmar deberá presentar en un plazo de dos años un informe sobre las medidas de restitución y la indemnización, cuyo monto se fijará en una fase posterior. Noticias ONU recordó que el fallo es definitivo, vinculante y sin apelación.

Durante el proceso, Myanmar negó haber cometido genocidio. Las fuentes consultadas no recogían, al cierre de esta nota, una reacción oficial de la junta militar al fallo.